Por: Verónica Juárez Piña
En el ocaso de su administración, que no de su poder, Andrés Manuel López Obrador se empeña en utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente autónoma, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), contra periodistas quienes, en ejercicio de su libertad de expresión, han expuesto presuntos enriquecimientos ilícitos de su familia, amigos cercanos e integrantes de su gobierno.
López Obrador hizo costumbre utilizar el aparato del Estado para perseguir a quienes consideró adversarios de la 4t y su gobierno. No es el único presidente que lo ha hecho, la diferencia es que él, además de usar las dependencias de seguridad, procuración de justicia y fiscales, instrumentó campañas de linchamiento mediático contra sus objetivos.
Las víctimas en turno son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, colaboradores de Latinus, quienes han sido acosados durante todo el sexenio por exhibir a los hijos del presidente, presuntamente beneficiados con ganancias supuestamente obtenidas a través de una red de tráfico de influencias integrada por amigos y funcionarios.
Latinus publicó diversas investigaciones periodísticas, que integró en una serie de reportajes que denominó “El Clan”, con audios y pruebas sólidas. Loret replicó estos hallazgos en su columna de El Universal.
La última embestida tuvo lugar el 3 de julio en la mañanera de Palacio Nacional. El presidente exhibió una tabla con los pagos que recibieron de 2020 a 2024 Loret y Brozo. López Obrador no se detuvo ante el hecho de que esta información forma parte del expediente de una investigación que llevan a cabo la UIF y la FGR. Tampoco le importó difundir información privada y fiscal de los periodistas que, en sí mismo, es un delito.
De hecho, durante esta misma mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF, confirmó que esta dependencia indaga desde 2021 al consorcio empresarial mediático por los presuntos delitos de lavado de dinero y actos de corrupción en contratos públicos obtenidos con dependencias del sector salud, aunque excluyó a Loret y Brozo. Por su parte, la Fiscalía también investiga desde 2022 a Latinus por el financiamiento que recibe.
Pablo Gómez tampoco tuvo ningún inconveniente en difundir información que forma parte de una carpeta de investigación en curso, lo que está prohibido por ley.
En respuesta, Loret negó las acusaciones y denunció en sus redes sociales que el gobierno quiere desaparecer Latinus en venganza por haber revelado la corrupción y el tráfico de influencias de los hijos del presidente.
López Obrador no se quiere ir sin antes saldar cuentas con sus críticos, aunque sea en el ejercicio de su profesión y derechos. Lo peor es que, al igual que su agenda de gobierno e integrantes de su gabinete, también quiere heredar sus venganzas a la presidenta electa. De otra manera no se entendería esta exhibición de poder a unos días de terminar su mandato.
Mal haría Sheinbaum si, una vez presidenta, cede a estos afanes de venganza. Si lo hace, no tardaría en saber que ella también podría convertirse en objetivo si se desvía un ápice de las imposiciones de López Obrador.
