El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecieron en circunstancias que aún no se han esclarecido completamente. Este evento marcó un antes y un después en la historia reciente de México, generando indignación y movilizaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Aquella noche, los estudiantes se dirigían a la Ciudad de México para participar en la conmemoración de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Fueron interceptados por la policía local y, según testimonios, entregados a un grupo criminal. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ellos.
La investigación inicial, llevada a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue ampliamente criticada por su falta de transparencia y por las irregularidades en el proceso. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron graves fallos en la investigación, incluyendo la tortura de testigos y la manipulación de pruebas.
En los últimos años, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han realizado esfuerzos para reabrir el caso y buscar nuevas líneas de investigación. Se han detenido a más de 100 personas, pero hasta la fecha, no ha habido condenas definitivas. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha trabajado en conjunto con los familiares de los desaparecidos para esclarecer los hechos.
El caso Ayotzinapa ha tenido un profundo impacto en la sociedad mexicana. Ha puesto en evidencia la corrupción y la colusión entre autoridades y el crimen organizado. Además, ha generado un movimiento de solidaridad y lucha por los derechos humanos que sigue vigente hasta hoy.
En el décimo aniversario de la desaparición, los familiares de los 43 normalistas han convocado a marchas y actos conmemorativos bajo el lema: “Sin tregua, ni cuartel, por la presentación de los 43”. Estas actividades buscan mantener viva la memoria de los estudiantes y exigir justicia.
A una década de los lamentables hechos, el caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad en México. La búsqueda de verdad y justicia continúa, impulsada por la incansable labor de los familiares y el apoyo de la sociedad civil.
