Por: Verónica Juárez Piña
Resulta sumamente preocupante la acusación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que todos aquellos que hacen campaña en contra del proyecto de transformación que, dice, encabeza su gobierno, son traidores a la patria.
Esta amenaza, pues no se puede llamar de otra manera, la hizo en el contexto de la campaña de descalificación que ha emprendido, y de la que ya se ha ocupado en sus mañaneras al menos tres semanas, en contra del periodista Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción, por realizar y difundir una investigación sobre un posible conflicto de interés entre su hijo Ramón López Beltrán y la empresa Baker Hughes, la cual tiene contratos multimillonarios con Pemex.
Es una acusación grave en varios sentidos, en principio, porque proviene del Jefe del Estado Mexicano, con el simbolismo y el poder que eso implica. El presidente de la República, de nueva cuenta, no mide el alcance de sus palabras, mucho menos de sus amenazas, y las consecuencias que podrían traer para la seguridad de quienes las reciben.
De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Online, traición a la patria es un delito contra la soberanía, la integridad, o el honor de la Nación Estado de la cual es súbdito quien lo comete. Es Sinónimo de crimen de lesa nación.
El Artículo 123 del Código Penal Federal señala que se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria por un sinnúmero de razones, entre ellas que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; y por tomar parte en actos de hostilidad en contra de la Nación.
Ninguno de los motivos que enlista este artículo enumera, como causales de traición a la patria, ejercer la libertad de expresión, denunciar posibles actos de corrupción, cuestionar los resultados del gobierno, las decisiones del Ejecutivo Federal y señalar por presunto conflicto de interés a la familia presidencial.
Hace muchos años que en México nadie es procesado por traición a la patria, pero el término trae una connotación grave por el uso que este concepto conllevó en el pasado que, incluso, se castigaba con la pena de muerte.
En el marco de las confrontaciones que se dieron en los procesos históricos que definieron a la Nación Mexicana, la acusación de traición a la patria se utilizó por uno u otro bando para dirimir sus diferencias políticas.
La fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, sostiene que el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna “a la Nación, a la patria y al pueblo”.
Esta afirmación es un desvarío, que sólo alimenta la irracionalidad de López Obrador que, frente a los malos resultados de su gobierno y ante los escándalos de corrupción de su familia, acusa de traición a la patria y hace uso del aparato del Estado para perseguir a los que él llama “adversarios”.
La persecución que ha desatado viola los derechos humanos, la dignidad y seguridad de las personas a quienes se acusa de traición a la patria, sin el más mínimo sustento.
A nadie sirve la polarización. No le hacen un favor al presidente quienes alimentan sus afanes persecutorios, su soberbia y nepotismo. Ha llegado el momento de serenarse y volver a retomar la política como un indispensable ejercicio de diálogo, construcción de acuerdos y respeto a los que piensan diferente.
La Constitución de la República es el faro que debe regir las decisiones públicas, y el presidente es el primer obligado a respetarla. No hay que perder más tiempo valioso en afanes persecutorios porque esta administración ya está a la mitad de su mandato, sin compromisos clave cumplidos y sin resultados eficaces de gobierno. El pueblo de México no se merece este escarnio.
