El gobierno de Venezuela exigió este lunes la retirada del personal diplomático en Caracas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
También ordenó el retorno de los representantes venezolanos en estos siete países de América Latina, anunció el canciller, Iván Gil, en un comunicado.
Gil aseguró que se trata de una respuesta a «las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derechas, subordinados a Washington, y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima».
En el comunicado, el canciller venezolano afirma que su gobierno «se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación».
El anuncio llega a raíz de la polémica victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, declarada por el Consejo Nacional Electoral.
La oposición venezolana, expertos y autoridades de diversos países han puesto en duda la transparencia y legitimidad del proceso, controlado en todo momento por el gobierno.
Los ejecutivos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay solicitaron este lunes la «revisión completa de los resultados» electorales y «una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular», según un comunicado de la cancillería argentina.
El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó directamente a Maduro de cometer un «fraude» electoral, mientras el de Costa Rica, Rodrigo Chaves, consideró la elección «fraudulenta». En términos similares se expresó el canciller de Perú, Javier González-Olaechea.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó los resultados electorales como «difíciles de creer», mientras el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, alegó que el escrutinio «claramente estuvo viciado».
El gobierno de Panamá fue un paso más allá y anunció la retirada del personal diplomático de Venezuela.
Por su parte, el gobierno de Maduro no ha divulgado los resultados pormenorizados de las actas oficiales en cada uno de los centros de votación, y denunció -sin presentar evidencias- un supuesto ataque informático al sistema de votación cuya autoría atribuyen a figuras de la oposición, entre ellas la líder María Corina Machado.
